La designación del nuevo gabinete por parte del presidente electo, Abelardo De La Espriella, ha enviado una señal alarmante a los movimientos sociales y ambientales del país. Las recientes declaraciones de su equipo de transición, sugiriendo la revisión de los límites de exclusión minera y la reactivación de los proyectos piloto de fracking, representan un ataque directo a la seguridad hídrica nacional y anticipan la entrega del Páramo de Santurbán a los intereses de las corporaciones transnacionales.
Ofensiva corporativa contra el agua del nororiente
El agua del nororiente colombiano se enfrenta a una ofensiva corporativa sin precedentes históricos. El equipo de transición del gobierno entrante ha dejado claro que su política de "mano dura" se aplicará también contra las restricciones ambientales que protegen los ecosistemas estratégicos. Las declaraciones del Ministro de Medio Ambiente designado, quien planteó abiertamente la necesidad de reevaluar las prohibiciones al fracturamiento hidráulico (fracking) y agilizar el otorgamiento de licencias mineras bajo la premisa de "destrabar la competitividad energética"6, ponen en la línea de fuego directa al Páramo de Santurbán, en el departamento de Santander.
Desafío al ordenamiento constitucional
Desde una perspectiva jurídica rigurosa, esta postura gubernamental constituye un abierto desafío al ordenamiento constitucional. La Corte Constitucional de Colombia, mediante la Sentencia T-361 de 2017, estableció que la delimitación del Páramo de Santurbán no puede ser un cálculo métrico de despacho, sino un proceso de concertación democrática y científica que garantice la protección del ciclo del agua para los más de dos millones de habitantes que dependen del acueducto metropolitano de Bucaramanga7.
Intentar flexibilizar estas zonas de amortiguación para dar paso a la gran minería vulnera flagrantemente el Artículo 79 de la Carta Política, el cual eleva a rango constitucional el derecho a un ambiente sano.
El fracturamiento hidráulico requiere la inyección a alta presión de millones de litros de agua dulce mezclada con químicos altamente tóxicos, provocando la contaminación irreversible de los acuíferos subterráneos. Las ganancias se exportan; los pasivos ambientales se socializan entre las comunidades.
La mercantilización del agua
Las implicaciones de revivir el fracking en los ecosistemas hídricos son devastadoras. Esta técnica requiere la inyección a alta presión de millones de litros de agua dulce mezclada con químicos altamente tóxicos, provocando la contaminación irreversible de los acuíferos subterráneos. El argumento oficial de que estas operaciones generarán empleo y regalías es una falacia macroeconómica: las ganancias se exportan a las casas matrices en el extranjero, mientras que los pasivos ambientales, la destrucción de la agricultura, el envenenamiento del agua y el colapso de la salud pública regional, se socializan forzosamente entre las comunidades de Santander.
Lo que la nueva administración denomina "realismo económico" no es más que la mercantilización del agua.
Conclusión editorial: Santurbán no es un recurso negociable. La Corte Constitucional ya estableció los límites del poder estatal frente a los páramos. Pretender revertir esa protección para beneficiar a corporaciones transnacionales es condenar a millones de colombianos a una crisis hídrica irreversible bajo la falsa promesa del "progreso económico".
Fuentes de información
- 6 Vanguardia. (2026, 2 de julio). Alarmas en Santander: Nuevo MinAmbiente sugiere revisar restricciones mineras cerca a Santurbán y abre puerta al fracking. vanguardia.com
- 7 Corte Constitucional de Colombia. (2017). Sentencia T-361/17: Derecho a la participación ambiental en proceso de delimitación del Páramo de Santurbán. corteconstitucional.gov.co
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